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MECANISMOS JURÍDICOS PARA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

 

Por:  Luis Arturo Salas Portilla*     

 

Al terminar la segunda guerra mundial y con las huellas del terror aún frescas, la liga internacional dijo “nunca más”, la política mundial se centró en la búsqueda y afirmación de garantías para asegurar la “no repetición de la tragedia”. La ciencia jurídica se direccionó hacia la protección del ser humano resucitando los derechos individuales de la ilustración y enlistándolos bajo el ambicioso título de DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES (ONU 1948).  El constitucionalismo acomodó en su centro al ser humano y proscribió toda forma de absolutismo, paradójicamente, sin embargo, dejó las bases para que el INDIVIDUALISMO y el UNIVERSALISMO de los derechos humanos se convirtieran luego en amenaza para el medio ambiente, para el espacio donde se realiza la dignidad humana.

Sí, el constitucionalismo pos conflicto o “neo constitucionalismo”, elaborado para reaccionar contra los horrores de la guerra y entendido como un estado de derecho cargado de beneficios para el ser humano y de mecanismos jurídicos para su materialización, se impuso como única forma de estado valido y aceptable.

Los derechos humanos encabezados por el principio de respeto a la dignidad humana, se convirtieron en mandato constitucional y cobraron fuerza ejecutiva en casi todos los países del mundo a través de acciones constitucionales como la  tutela o amparo constitucional.  Hoy por hoy difícilmente existen países en los que no se haya impuesto como reglamento constitucional el catálogo de libertades y garantías de la ilustración, respaldadas con acciones procesales para ejecución preferente y hasta sumaria (CP Arts. 85, 86, 87, 88, 89 y 93).

El principio “pro hómine” tomó de manera rápida y efectiva auge mundial, los derechos fundamentales se universalizaron (CP Art. 85).  La metodología individualista propia del derecho ilustrado, sin embargo, develo a poco una gran paradoja: LOS BIENES PÚBLICOS, los DERECHOS COLECTIVOS y la INTERCULTURALIDAD o DIVERSIDAD, parte fundamental para hablar de dignidad humana en forma integral, se rezagaban ante el inusitado auge del individualismo.  La dignidad humana, tomada como punto de partida de todo el desarrollo de los derechos humanos, se afectó negativamente en la parte que se sustenta en los derechos colectivos, específicamente en lo atinente al medio ambiente, por la expansión a ultranza de los derechos individuales universalizados.

La gran paradoja es que mientras en nuestro trabajo como operadores jurídicos subrayamos o promocionamos los atributos del constitucionalismo para la protección de derechos e intereses  individuales, esquilamos al ser humano colectivo.   La expansión de los derechos individuales afecta axiomática y negativamente los derechos colectivos y entre ellos principalmente al medio ambiente. 

Ahora sí, si la realización de la dignidad humana requiere tanto de derechos individuales como de derechos colectivos, es claro que su promoción no queda garantizada con la aplicación de los derechos individuales universales sino con una mezcla de derechos humanos en la que pueda, en determinado momento, prevalecer la parte colectiva. 

Mirar el asunto con prisma estrictamente individualista es olvidar que el ser humano es nada sin el entorno que lo circunda, es nada sin los bienes que comparte como ser social y que la dignidad humana no está en el simple embalaje orgánico sino en el mundo circundante: en el Medio Ambiente, en el espacio vital.

El gran reto a la hora de hablar de mecanismos de protección o defensa del medio ambiente es entonces concientizarnos de que uno de los mayores riesgos está en la forma en que los operadores jurídicos interpretamos y aplicamos las normas constitucionales.  Que no es dando preponderancia superior a los derechos individuales o a los colectivos como se garantiza la dignidad humana, sino equilibrando unos y otros, materializando unos sin desmedrar los otros, etc.

El constitucionalismo pos conflicto o neoconstitucionalismo entró formalmente a Colombia con la constitución de 1991.  La carta de 1991 es una declaración amplia de derechos individuales y de mecanismos de ejecución, y menos amplia en cuanto a derechos colectivos.  Vista artículo por artículo la Constitución de 1991 parece mostrar que los conflictos entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo individual, entre lo diverso y lo universal, tienen solución menos positiva para todo aquello que se determina como público, colectivo y diverso; pues hay mayor privilegio para los derechos individuales. 

Al analizar el desarrollo constitucional a la sombra que las interpretaciones de la Honorable Corte Constitucional ha dado desde 1992, constatamos la construcción de un sólido y grandioso andamiaje en beneficio de las garantías individuales, y un menos abundante y menos contundente tablado para la protección de los bienes colectivos, entre los que se encuentra el medio ambiente, para el cual la corte reconoce tutela constitucional privilegiada cuando se asocia con derechos fundamentales individuales o con daños colectivos amparables a través de acción popular.  (Ejemplos de lo dicho los encontramos en las sentencias T526/94, T244/94, SU442/97, T453/98,  T046/99, T123/99, T863799, T931/00, T794/00, T795/00, T671/01, C339/02, C273/02, C673/00, C894/03, C245/04, T760/07).

Los operadores jurídicos interpretamos generalmente la constitución privilegiando las libertades y garantías individuales por sobre los intereses y derechos colectivos; agregamos poco y solo para reforzar lo que la teoría universal nos dicta.  Poco o nada recogemos del ambiente que circunda las situaciones que a diario decidimos.  Nuestros “obiter dicta” son generalmente referencias a situaciones foráneas o teorías ajenas, lejanas en tiempo y espacio.

Así, pues, parece fácil concluir que el neo constitucionalismo ha fracasado en cuanto ha encerrado al ser humano en su envase orgánico. Incluso se puede creer que el derecho que nos da la constitución nos impide afirmar que el hombre es más que un empaque con huesos y carne, que su ser está solo en sus entrañas, que aquello que llamamos bienes públicos, así como los bienes colectivos de los cuales hace parte el ambiente, y la misma cultura que el hombre crea durante su sufrida existencia, no tienen nada de dignidad humana.  Pero no es así, afortunadamente no es así.  No, no lo es porque  el constitucionalismo de los derechos humanos  tanto teórica como objetivamente es más que la mera garantía de derechos individuales  universalizados.  El derecho constitucional es DERECHO VIVIENTE (Sent. T666/03, t950/06); derecho que permite a todo operador judicial adecuar actos y decisiones al entorno que lo rodea, incluyendo como objeto de su protección el medio ambiente y los derechos colectivos que, por estar relacionados de manera directa con la vida y dignidad de la humanidad, hacen parte de los derechos humanos y se erigen en complemento indispensable de los derechos individuales para la realización plena de la dignidad humana.

Después de esta breve explicación introductoria, paso a relacionar las instituciones jurídicas que creo más útiles para ser aplicadas como mecanismos jurídicos para la defensa del medio ambiente; ellas son: 1) el Derecho Constitucional Fundamental y 2) el Sistema Jurídico Constitucional, Legal e Internacional vigente:

1) DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL: El derecho constitucional fundamental es por antonomasia la primera y gran herramienta para la defensa del Medio Ambiente. Veamos no más el caso colombiano donde la Constitución Política ofrece herramientas formidables para la protección del medio ambiente, como es en primer lugar la SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL con un sistema de CONTROL CONSTITUCIONAL que permite a todo operador jurídico materializar de manera directa los valores, principios y derechos consagrados en el preámbulo constitucional, mediante emisión de órdenes de salvaguarda o protección inmediata o inaplicación y eliminación de normas contrarias a los bienes que la colectividad determina como superiores.

En Colombia tenemos lo que modernamente se llama sistema de control constitucional “mixto”; en él interactúan los sistemas de control concentrado y difuso, con el abstracto y el concreto. 

Singular oportunidad es entonces la que el sistema de control constitucional nos brinda a los operadores jurídicos colombianos, especialmente a los jueces, para atemperar un modelo mediado de universalismo en el que lo universal no se opone a lo particular y para acceder a lo universal no es necesario renunciar a lo particular.  Ello posibilita que valores ambientales tan autóctonos como la multirregionalidad y diversidad étnica, la riqueza arqueológica, la riqueza agrícola, la flora, la simbología cultural, el ecoturismo y el eculturismo estrechen lazos con los supremos valores constitucionales determinados como vida, convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad, paz, solidaridad e integración (CP Preámbulo y Art. 2). 

Aparte del Control Constitucional, la norma nos permite a los operadores jurídicos contar además y como herramientas fundamentales para la protección del medio ambiente, con la llamada ENERGÍA JURISDICCIONAL, la TECNICA JURÍDICA, la FILOSOFÍA JUDICIAL y la HERMENEUTICA DE LA PROPORCIONALIDAD y LA PONDERACIÓN.

Al citar la ENERGÍA JURISDICCIONAL como herramienta para defensa del medio ambiente me refiero a la posibilidad de contar con líneas jurisprudenciales serias, estables y acordes con el interés colectivo y con la diversidad, dictadas por el órgano al que la misma constitución le confía la función de guarda constitucional y lo designa interprete autorizado único (Arts. 241, 243).

En efecto, las líneas jurisprudenciales trazadas por la Honorable Corte Constitucional son parámetros válidos y definitivos que debemos seguir los operadores jurídicos al ponderar la aplicación de normas sobre Medio Ambiente, derechos colectivos, bienes públicos, interculturalidad y diversidad, y son también presupuesto o base para la seguridad jurídica que esperan los beneficiarios o usuarios del sistema de protección de derechos colectivos, públicos y de diversidad.

Para solucionar cualquier caso difícil debemos buscar en primera instancia el precedente jurisprudencial dictado por H. Corte Constitucional.  En el trabajo interpretativo y de desarrollo constitucional que los Honorables Magistrados han realizado durante los diecisiete años de vigencia de la carta, se encuentran soluciones satisfactorias y acordes con el interés constitucional.  Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional da tranquilidad judicial ya que muchos operadores jurídicos creemos que aunque la Corte Constitucional pudiera en algún caso derogar o reformar las normas constitucionales, a los demás intérpretes y aplicadores de la ley no nos es fácil dicha decisión por temor a prevaricar.

Inaplicar la ley para hacer prevalecer la constitución o desatender el mandato constitucional para preferir la ley, son posiciones extremas de difícil aplicación para un operador jurídico raso.  Es difícil encontrar un punto medio o de equilibrio. Así como hay necesidad de sensatez política, hay necesidad de una gran coalición de sensatez judicial, cual, a veces, no se ve presente en los pronunciamientos de los operadores jurídicos y que, sin embargo, podemos tener a nuestro alcance en las jurisprudencias constitucionales.

La TECNICA JURÍDICA que refiero como mecanismo para defender el medio ambiente tiene que ver con la inclusión de temas locales o autóctonos como parte del contenido de los fallos, decisiones o actos de los operadores jurídicos.  

Veo que el déficit más notorio de los operadores jurídicos en los últimos años es no distinguir claramente entre argumentos de “ratio decidendi” y argumentos de “obiter dictum”.  Hay abundamiento sin mucha razón.

Me parece que lo fundamental son las ratio decidendi, pero muchas veces no resistimos la tentación de volcar en el obiter dictum lo que podrían ser magníficos capítulos para un libro, un tratado, un manual o una obra polémica, pero no fallos aceptables por la comunidad, ni mucho menos aras donde se honre valores autóctonos o al medio ambiente.  La técnica de la cita es mal utilizada.  Se citan cualquier clase de autores, sin cuidar el nivel, mientras se omiten referencias a la realidad circundante, a los valores que subyacen en el ambiente que ha de recibir los efectos del derecho interpretado.

Se cita autores muertos o profesores conocidos para evitar desautorizaciones, así como valores trasmitidos desde los centros mundiales a través de los rápidos medios de comunicación, más nunca la riqueza ambiental, una costumbre, un símbolo o un valor de la comunidad a cuyo favor debemos trabajar.

En muchos casos los operadores jurídicos hemos perdido el estilo en la redacción, adoptando prácticas foráneas o de estamentos transnacionales que defienden intereses particulares o resuelven casos concretos ajenos a nuestro entorno inmediato. 

Decía Napoleón: “Se es prisionero de las palabras y dueño del silencio”.  Ciertamente, sí nuestras referencias no honran al ambiente que nos debemos, es mejor hacer menor énfasis en el obiter dictum, para precisar de manera más corta las ratio decidendi, que son las que realmente vuelcan la decisión.

La FILOSOFÍA JUDICIAL hace referencia a que los jueces, fiscales y en general los operadores jurídicos debemos tener una escala axiológica. 

Debemos ordenar los valores que consagra la constitución o que se infieren de ella; por ejemplo, tomándolos del preámbulo y de la primera parte del texto constitucional; en el preámbulo están la libertad, la justicia, la paz, la unidad nacional y latinoamericana, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz y la democracia; y en ellos reconocer los valores y las aplicaciones que privilegian el medio ambiente tanto en el ámbito local como nacional y universal.  Para el caso del departamento del Quindío, que es donde me desempeño como juez, he descrito como valores locales o autóctonos del ambiente, la multirregionalidad y diversidad étnica, la riqueza arqueológica, la riqueza agrícola, la flora, la simbología cultural, el ecoturismo y el eculturismo. 

Lo que como operadores jurídicos no podemos hacer es invertir los valores. No podemos reemplazar los valores por anti-valores; para el caso del departamento del Quindío, por ejemplo, no sería debido tomar los valores y derechos constitucionales de libertad, justicia, paz y convivencia, por decir algo, e interpretarlos y aplicarlos con desmedro innecesario para los valores ambientales autóctonos descritos como son, entre muchos otros, la riqueza agrícola, la flora, el ecoturismo, etc.   Si permitiéramos que la aplicación o interpretación de cualquiera de los valores constitucionales destruyera o involucionara alguno o algunos de los valores ambientales autóctonos, convertiríamos el valor constitucional superior en anti valor, pues el efecto práctico sería inverso al deseado por el legislador constitucional, quien al redactar la norma constitucional quiso seguramente acercarse o reflejar la idiosincrasia nacional y local más que la doctrina universal. 

Para salvar el riesgo de crear y aplicar anti-valores en materia ambiental es fundamental que el operador jurídico tenga escalas axiológicas previamente definidas y que dichas escalas contemplen valores ambientales en sus tres niveles: locales, nacionales y universales. Para salvar el riesgo de crear y aplicar anti-valores en materia ambiental hay que tener en cuenta, además, la existencia de dos posibilidades de interpretación jurídica: Por un lado la clásica interpretación “estática” en virtud de la cual la norma sigue históricamente los valores coetáneos con la sanción de la constitución, es un poco lo que usualmente se denomina interpretación “histórica”, y por otro la interpretación “dinámica”, seguida por nuestra Corte Constitucional, donde la letra se emancipa respecto de las vivencias comunitarias del lugar y del momento de su elaboración, para integrarse a las vivencias compartidas del presente, de la contemporaneidad en cada uno de los lugares, regiones o comunidades que integran la nación colombiana, respetando siempre la escala de valores. 

Así, pues, visto desde una filosofía judicial propia y definida, cualquier caso difícil con respecto al medio ambiente, será siempre un problema de interpretación y nunca motivo válido y suficiente para reemplazar valores autóctonos o ambientales.  En materia ambiental nunca puede haber inversión o negación de valores, sino interpretación de las cláusulas de acuerdo con esos valores, tomando en cuenta vivencias coincidentes en tiempo y espacio con la comunidad.

Desconocer los valores constitucionales y no armonizarlos con los autóctonos o del medio ambiente, así como abandonar las posibilidades de interpretación histórica y dinámica sería lisa y llanamente un prevaricato, o sea, inversión de valores.

La HERMENUTICA DE LA PROPORCIONALIDAD Y LA PONDERACIÓN tiene que ver con la posibilidad que ofrece la constitución política de hacer interpretaciones concordes con las circunstancias específicas de momento y lugar  (Arts. 4, 230 CP). En el caso particular del derecho al medio ambiente dichas apreciaciones hermenéuticas pueden facilitarnos la solución de casos difíciles.

En materia ambiental los problemas con los que el operador jurídico topa más a menudo son: 1) la aplicación del principio de retroactividad, 2) la aplicación del principio de seguridad jurídica, 3) el esclarecimiento del concepto de legitimación de parte activa (legitimación difusa), 4) la determinación de responsabilidades en casos donde es difícil establecer la relación entre acción u omisión y causa probable de un acontecimiento o resultado dañino, 5) la prevalencia de los conceptos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de los bienes públicos y del medio ambiente (Art. 63 CP), y 6) la imposibilidad de aplicar acciones pensadas para defensa de derechos individuales a la defensa de derechos colectivos.

 

2) SISTEMA JURIDICO CONSTITUCIONAL, LEGAL E INTERNACIONAL: Después del derecho constitucional fundamental,         tenemos como herramienta para la defensa del medio ambiente un sistema amplio, complejo y algo articulado que podría llamarse SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL, LEGAL E INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, que se realiza  en tres esferas o niveles básicos: CIUDADANO, ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL.

En el nivel CIUDADANO la defensa del medio ambiente la ejercen los particulares de manera colectiva o individual y Organizaciones No Gubernamentales con alcances nacionales o internacionales.  El nivel ADMINISTRATIVO es por su parte, aquel en el que la administración pública actúa de manera positiva y como responsable de la protección del medio ambiente, mientras el nivel JUDICIAL asume la solución de conflictos que pueden alcanzar los ámbitos locales, nacionales o internacionales y afectar cualquiera de los campos jurídicos, con preeminencia de los derechos administrativo, civil y penal.

Cada uno de estos niveles o esferas de acción puede actuar mediante tres tipos de acciones: Las primeras son ACCIONES CONSTITUCIONALES y tienen que ver básicamente con el derecho a la información, la acción de tutela como posibilidad para defender el medio ambiente, las acciones populares, los mecanismos de participación democrática y el derecho a participar en la adopción de medidas que afecten el medio ambiente, un segundo grupo de acciones defensivas sería el que posibilita la ley y que bien podríamos llamar ACCIONES LEGALES, cuales se pueden interponer en cualquier jurisdicción, con preeminencia del derecho administrativo, penal y civil, y la tercera posibilidad son las ACCIONES INTERNACIONALES, donde hay  mecanismos que van desde el derecho a acceder a la información o interponer quejas hasta el de solicitar imposición de penas o castigos, pasando obviamente por el derecho a intervenir en foros de discusión y en organismos internacionales de defensa.

El derecho a la información se ejerce básicamente con el ejercicio del derecho de petición, cual se favorece con la posibilidad de ejercicio a través de la acción de tutela.

El derecho a intervenir en la toma de decisiones tiene múltiples posibilidades entre las cuales fulguran los mecanismos de participación democrática (referéndum, consulta popular, cabildos abiertos, etc), las ligas de consumidores, la participación ciudadana en juntas cívicas y el derecho a contratar con el estado (Arts. 78, 79, 80 CP).

Las acciones de defensa judicial pueden ser nacionales o internacionales.  En el campo nacional pueden ser a su vez acciones constitucionales o acciones legales, y esta últimas pueden ubicarse, como se dijo antes, en una o varias ramas del derecho, principalmente en campo policivo, administrativo, civil y penal.

 

Conclusiones:  De todo lo dicho podemos concluir que para la defensa del medio ambiente el estado constitucional de derecho nos ofrece herramientas generales o de Política Institucional como son el derecho a la información, el derecho a la intervención en la traza de políticas institucionales y las acciones judiciales constitucionales y ordinarias.

Aparejadas con los sistemas institucionales de defensa, los operadores jurídicos podemos hacer uso de herramientas fundamentales y potencialmente más poderosas que las del sistema institucional como son el Control de Constitucionalidad, la energía jurisdiccional, la filosofía judicial, la técnica jurídica y la hermenéutica jurídica de ponderación en la aplicación de principios tales como la irretroactividad de la ley, la determinación de sujetos activos y la determinación de la relación entre causa y efecto.

 

 


*LUIS ARTURO SALAS PORTILLA, Juez Primero Penal Municipal Armenia (Quindío), Oficina 106 Palacio de Justicia, Teléfono 7451126, E-mails:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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