Header 2016

Escudo del Quindio

logoRamaJudicial

 

LA LEY 1153 DE 2007, DE PEQUEÑAS CAUSAS, COLOCA EN CONFLICTO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE INFRACTORES Y VICTIMAS.-

 

 

 

             POR:   CLAUDIA MILENA VÉLEZ ORTIZ*

 

 

Se observa al estudiar la normatividad de Pequeñas Causas, que en parte de su articulado no se protege de forma clara, amplia y precisa el acceso a la justicia de los denunciantes o querellantes, para dar un ejemplo entre muchos que al respecto se pudieran mencionar, encontramos, el artículo 30 de la Ley 1153 de 2007, cuando señala:

 

 

“… CONTRAVENCIONES CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO

 

 

ARTÍCULO 30. CONTRAVENCIONES CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO. Excepto el hurto con violencia sobre las personas; o colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones; sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos; sobre cabeza de ganado mayor o menor; sobre efectos y armas destinadas a la seguridad y defensa nacional; sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación; sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento; sobre materiales nucleares o elementos radiactivos; y bienes u otros elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la producción y conducción de energía eléctrica y gas domiciliario son constitutivas de contravenciones penales, cuando la cuantía no supere los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las siguientes conductas:

1. Hurto (C. P. art. 239).

 

2. Hurto calificado (C. P. art. 240).

 

3. Hurto agravado (C. P. art. 241).

 

4. Hurto atenuado (C. P. art. 242).

 

5. Estafa (C. P. arts. 246 y 247).

 

6. Emisión y transferencia ilegal de cheque (C. P. art. 248).

 

7. ABUSO DE CONFIANZA (C. P ART. 249).

 

8. Abuso de confianza calificado (C. P art. 250).

 

9. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P art. 252).

 

10. Alzamiento de bienes (C. P art. 253).

 

11. Disposición de bien propio gravado con prenda (C. P art. 255).

 

12. Defraudación de fluidos (C. P art. 256).

 

13. Perturbación de la posesión sobre inmueble (C. P art. 264)

 

14. Daño en bien ajeno (C. P arts. 265 y 266).

PARÁGRAFO 1o. La pena a imponer para las contravenciones de que tratan los numerales 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, será de trabajo social no remunerado de dos (2) a doce (12) semanas.

 

PARÁGRAFO 2o. La pena a imponer en los casos de hurto (C. P arts. 239, 240, 241), estafa agravada (C. P art. 247) y el abuso de confianza calificado (C. P art. 250) será de arresto efectivo e ininterrumpido de un (1) año a dos (2) años. …”.-

 

 

En la norma transcrita, el legislador olvida, sancionar con pena, la contravención que nomina, en el numeral 7, “7. ABUSO DE CONFIANZA (C. P ART. 249)”, pues no se encuentra dentro de los parágrafos de la norma la pena a la contravención que en principio solamente enuncia, en consecuencia, al dejar sin pena, a la contravención denominada abuso de confianza, consagrada en nuestro código penal Ley 599 de 2000, favorece con ello a quien viola la mentada normatividad.- Tal omisión del legislador entonces, deja al denunciante o querellante que presenta ante la justicia su caso con el ánimo de ser escuchado y protegido por el Estado, en el limbo de la acción judicial, a la cual ha recurrido sin que esta pueda cumplir su finalidad constitucional, que es “… el hacer justicia para asegurar la vida y la convivencia, dentro de un marco jurídico que garantice un orden social justo, sirviendo de esta forma a la comunidad garantizándole la efectividad de sus principios, derechos y deberes consagrados en la Honorable Carta Constitucional”.- (Art. 1 y 2 de la Constitución Nacional.-

Y es aquí, cuando el Juez debe acudir si lo tiene a bien, a la teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy, realizando un tes de razonabilidad para ponderar qué prevalece, si el principio constitucional del querellado protegido en el preámbulo de la Carta Magna, como es “Asegurar … la justicia … dentro de un marco jurídico democrático”, y del principio fundamental mentado en el artículo 1 “… Colombia es un Estado Social de Derecho … fundada en el respeto de la dignidad humana”, “… Art. 2.- Los fines del Estado. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad … asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo … Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, a pesar del descuido legislativo, observando un trámite que a la postre no traerá ninguna consecuencia jurídica en contra del contraventor.-

 

 

En consecuencia, el juzgador tendrá con la aplicación de la teoría de Alexy, todos los aspectos relevantes para de manera juiciosa y acertada llegar a proferir una sentencia o decisión de fondo que pondere el principio que más se encuentre afectado y necesite de su mediación para protegerlo.-

En el caso en mención el querellante recurrirá a la justicia para denunciar el abuso de confianza, que ha afectado su peculio patrimonial, cuando el presunto infractor ha incurrido en tal conducta contravencional, respetando el debido proceso relacionado en la Ley 1153 de 2007, ahora, el Juez deberá iniciar el procedimiento realizando un análisis de los siguientes lineamientos según Alexy, en razón a que tal norma se encuentra designada como contravención pero no posee la pena que sanciona tal comportamiento, creando un conflicto entre los principios que protegen el acceso a la justicia que tiene el querellante y el principio de favorabilidad que beneficia al implicado contraventor, luego de que se le tramite un proceso en su contra para finalmente decirle si es responsable pero la justicia no sanciona su comportamiento contravencional.- Así las cosas, el operador judicial, valorará:

 

 

a.- El derecho fundamental que tiene el denunciante perjudicado y víctima, de acceder a la justicia para que le resuelva su conflicto donde ha visto vulnerado su patrimonio económico y su buena fe.- Amén de protegerse con ello, la naturaleza de los principios y derechos fundamentales de la Constitución Nacional y la Ley Penal, dignidad humana, principios de las sanciones penales, funciones de la pena, legalidad, igualdad ante la Ley.-

 

Versus:

 

 

b.- El principio de favorabilidad, legalidad y del debido proceso del contraventor.-

 

 

 

1.- La Finalidad de la medida.-

Si el legislador a través de la Ley 1153 de 2007, convirtió un delito en contravención, ello le dice al funcionario judicial, que tal normatividad surgió de la necesidad de descongestionar la justicia ordinaria a través de un procedimiento rápido, más expedito, ágil y eficaz.-

 

2.- Constitucionalidad de la finalidad de la medida.-

 

 

La Ley es constitucional pues fue sancionada por el legislador para evitar la congestión judicial en los despachos y sus normas son alternativas aceptadas por la Constitución y la Ley para que las autoridades de la República protejan a todas las personas residentes en Colombia.-

 

 

3.- Idoneidad de la Medida.-

 

 

La Ley es apta para conseguir la finalidad propuesta?, para la víctima que reclama justicia NO, porque nada saca esa persona iniciando un proceso, así sea expedito en contra de quien vulneró su confianza y su patrimonio económico sino va encontrar en esa justicia eficacia, al sancionar la conducta de quien infringió la norma que aparece ahora como contravención Abuso de Confianza, vulnerando su bien que debe ser jurídicamente protegido por el Estado, en este caso su patrimonio económico.-

 

 

4.- La necesidad de la medida, no hay otra mejor adoptándose.-   

Puede existir otra medida mejor que no pondrá en tensión el derecho de la víctima a acceder a la justicia, con el del principio a la favorabilidad y del debido proceso que está en cabeza del presunto contraventor, pues estos son los derechos, que en últimas va el juez a tomar en una decisión de fondo y será la que prevalecerá por no encontrarse determinada por la Ley pena alguna para la contravención denominada ABUSO DE CONFIANZA, y es la que el Juez, luego de haber realizado este análisis, tomará con el ánimo de no desnaturalizar los principios procesales de economía procesal y de celeridad en la ejecución del trámite del procedimiento judicial; decidiendo una vez, se reciba la querella y se formule imputación no continuar el trámite judicial, argumentando el operador de justicia que la contravención a pesar de estar denominada como tal en la Ley 1153 de 2007, carece de su consecuencia jurídica lo que vulnera la forma como tal de la norma y en consecuencia hace que ésta pierda su fuerza coercitiva, incurriéndose de continuarse el desarrollo normal del proceso es un descalabro jurídico, por cuanto, no existe la pena que sancione el comportamiento contravencional, en el campo económico un desatino porque se pone a funcionar el órgano jurisdiccional sin poder cumplir a la postre con los fines estatales que le impone la constitución de resolver los conflictos a la comunidad que surgen de su convivencia cotidiana y en el sector social un revés porque la comunidad pierde la credibilidad que ésta debe tener en sus organismos judiciales, como componedores de sus conflictos con los demás coasociados.-  

No tendrá entonces el operador judicial que adentrarse a mayores análisis continuando con la ponderación de los principios constitucionales que entran en conflicto, ni tendrá máximas obligaciones en su labor de administrar justicia, por cuanto, la Ley en este aspecto no cumple con los parámetros constitucionales para consumar con su objetivo central, que es el de proteger los derechos fundamentales de las víctimas que piden justicia a un Estado que debe su existencia a aquellos que creen en su fortaleza, eficiencia y sabiduría para solucionar los conflictos que se les presenta.-  

 

 

Pues con este tipo de decisión, de NO continuar con el desarrollo normal del proceso, como lo determina la Ley 1153 de 2007, para las contravenciones que sí tienen sanción; el Juez optará por velar, por favorecer y darle prelación al principio de legalidad, observando los parámetros de un debido proceso y del principio de favorabilidad que reposan en el presunto infractor, los cuales prevalecerán sobre los derechos de aquella víctima que por azares del legislador ve truncadas sus expectativas de que el Estado ejerza justicia a su favor.- 

 

 

* Dra. Claudia Milena Vélez Ortiz, Oficial Mayor del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia. 

 

Tribunal Administrativo del Quindío Rama Judicial del Poder Público Corte Constitucional Corte Suprema de Justicia Presidencia de la República de Colombia Secretaría del Senado Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República Consejo de Estado EscuelaJudicial TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES RELATORÍA TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA RELATORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ