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EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS COMO EJECUTADOS

 

Por: Duberney Grisales Herrera

 

 

En la práctica judicial cotidiana es corriente que el operador judicial se enfrente ante la posibilidad de expedir orden de apremio cuando se trata de demandar una obligación cuyo deudor ha fallecido, por lo que en algunas demandas se plantean pretensiones contra herederos determinados e indeterminados; respecto a los primeros ninguna discusión se ofrece, sin embargo en lo que toca con los segundos, de tiempo atrás, existen dos posiciones: (i) Quienes sostienen que no pueden ser ejecutados; y por otra parte (ii) Quienes estiman viable demandarlos, a pesar de su indeterminación.

 

El único aspecto en que concuerdan las dos tesis planteadas en torno a la temática consiste en la rotunda falta de claridad de la redacción del artículo 81 del Régimen Procedimental Civil, luego de reformado por el Decreto 2282 de 1989, que justamente es la que ha dado origen a la controversia que aquí se formula.

 

A continuación, sin aspiraciones de agotar el tema y en cambio sí con el ánimo de ilustrar mejor la discusión y permitir la adopción de una visión más amplia del asunto, se presentan las diversas argumentaciones esgrimidas por cada tesis.

 

Oportuno resulta enfatizar, desde ya, que este ejercicio expositivo de las razones sustentatorias de cada una de las respuestas ensayadas para dar respuesta al interrogante, tiene como genuino anhelo realzar la cardinal importancia que reviste conocer el panorama teórico que puede ofrecerse sobre una determinada temática, antes que asumir posturas radicales animadas por emociones del caso particular, carentes de criterios razonables que atiendan con suficiencia la dialéctica constante que constituye la tarea interpretativa de todo operador judicial, llámese juzgador o litigante. Como adelante se verá, los razonamientos que sirven de estribo a cada posición son producto de la reflexión sensata, y por contera, aptos para dar soporte a la línea que se elija.

 

  1. 1.Los argumentos de la tesis sobre la improcedencia de demandar ejecutivamente a herederos indeterminados

 

1.1.        Las decisiones del Tribunal Superior de Armenia

 

La Corporación[1] en providencia del 10-08-2005, con ponencia del Magistrado Óscar Cardona Pérez y suscrita por la Sala, sin salvamentos de voto, adhirió a esta doctrina, que puede decirse es la mayoritaria y tradicional.

 

Se adujo en aquella providencia que “los herederos son asignatarios a título universal y representan la persona del causante”, así entonces, muerto el deudor la acción debe encaminarse contra sus herederos, previo el trámite de enteramiento del título conforme al artículo 1434 del Código Civil, so pena de nulidad procesal, según estipula el artículo 141-1º del Estatuto Adjetivo Civil.

 

Luego al explicar el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil señala que el inciso primero es propio de los “procesos de conocimiento”, y en cuanto a la ejecución indica que hay dos posibilidades: (i) cuando hay proceso de sucesión en curso, en cuyo evento a pesar de que la norma prescriba la posibilidad de demandar a los herederos indeterminados “habrá de entenderse que esta eventualidad sólo es para el caso de los procesos de conocimiento, porque en tratándose de los ejecutivos, dado que se vincula a los representantes de la herencia, corresponderá dirigirla contra el “albacea con tenencia de bienes o el curador de la herencia si fuere el caso, y contra el cónyuge, si se trata de bienes o deudora sociales.”.

 

Y la segunda posibilidad (ii) cuando el proceso no se ha iniciado, preceptiva que luego de la reforma de 1989 en armonía con los artículos 1289 y 1290 del C.C., dispone que para efectos procesales se comprende que aceptan la herencia sino la repudian en la oportunidad allí estatuida, por ende  los ejecutados citados representan la herencia; por contera, sí debe estar representada cuando hay indeterminación de los herederos, y en caso contrario no puede adelantarse la demanda, dada la “naturaleza del proceso ejecutivo”.

 

Concluye la Colegiatura señalando que en los eventos de indeterminación de los herederos la demanda se dirigirá contra: (i) el curador de la herencia yacente, (ii) el albacea con tenencia y administración de bienes, y contra el cónyuge – si son deudas sociales.

 

El 18-06-2008 se registra una providencia de ponente, y no de la Sala, de la Colegiatura preindicada, con la cual se prohíja la procedencia de demandar ejecutivamente a herederos indeterminados, no obstante su examen argumental se hará con más espacio, en el aparte rotulado para revisar la tesis de quienes así piensan, ahora basta resaltar el movimiento de la línea de pensamiento en este sentido.

 

La cuestión debatida fue retomada en proveído datado el 17-10-2008[2], con ponencia de la Magistrada Sonya Nates Gavilanes y suscrita por la Sala de Decisión Civi - Familia - Laboral, en ella se invocaron como antecedentes (i) la decisión del 10-08-2005, ya reseñada en párrafos anteriores, y (ii) la fechada el 01-08-2007, que citó la de 2005.

Al reiterar la negativa frente a la ejecución de herederos indeterminados, se adujo que (i) empero que el artículo 1434 del C.C., refiere herederos, “(…) ello no implica el demandar a quienes no se conocen, ya que cuentan con varias opciones para hacer valer sus créditos, como son el demandar la apertura de sucesión del deudor fallecido, promover la declaratoria de la herencia yacente o demandar ejecutivamente el cobro del título valor (Sic) contra los herederos conocidos; (…)”; y (ii) la indeterminación de los ejecutados impide la representación o administración de los bienes de la sucesión.

 

Finaliza la comentada decisión judicial indicando con claridad su postura negativa así: “(…) sólo los herederos que la aceptaron (La herencia) les corresponde administrarla, por lo que los procesos de ejecución siempre deben dirigirse en contra de personas determinadas.” El paréntesis es extraño al texto original.

 

1.2.        La doctrina nacional

 

El maestro Jaime Azula Camacho[3]  menciona la posibilidad de demandar sólo los herederos determinados que hayan aceptado la herencia porque “(…) es indispensable que acepten la herencia, lo cual no puede predicarse de los indeterminados, por cuanto no es viable hacerlo por conducto de un curador ad litem, pues la ley no ha atribuido a este esa facultad por carecer de la administración de la herencia. (…)“.

 

En tratándose de herederos indeterminados no, pues con la aceptación representan la herencia, mientras tanto carecen de tal facultad (Artículos 1155 y 1297 del Estatuto Sustantivo Civil). También plantea como una razón más para desechar la demanda contra los herederos indeterminados la “naturaleza especial del ejecutivo”[4].

 

Más adelante señala que debe notificarse al albacea con tenencia de bienes, en la sucesión testada. O debe solicitarse la declaratoria de herencia yacente y nombramiento de un curador, para notificarle el título.

 

Por su parte el autor Mario Fernández Herrera[5] rechaza la viabilidad de demandar a los herederos indeterminados con apoyo en que:

 

 

(…) siempre esta clase de proceso parte del presupuesto lógico ontológico y jurídico que se desprende de la preexistencia de una obligación en cabeza de un deudor, en cuyo caso habrá que demandar a éste, si vive, o a sus herederos determinados si murió; o la cónyuge sobreviviente si se trata de bienes o deudas sociales (…) quién será citado solo o conjuntamente, según el caso; o al albacea con tenencia de bienes; o a los herederos reconocidos en el proceso de sucesión, si éste ya está en curso; o al curador de la herencia yacente. (…)

 

 

Siguiendo con la revisión del panorama general en la doctrina patria, están las razones de los autores[6] Luis Augusto Cangrejo Cobos, Ricardo Zopó Méndez, Alfonso Guarín Ariza y Carlos Fradique Méndez, arguyen:

 

  • Los herederos indeterminados no representan ni administran la herencia, pues en nuestro sistema jurídico la condición de heredero requiere, a más de la vocación, la aceptación.

 

  • La orden de apremio sólo puede dirigirse a una persona con capacidad jurídica de cumplimiento, que únicamente tiene el administrador de bienes del causante.
  • El acreedor tiene vías jurídicas para hacer valer su crédito: a) demandar la apertura de la sucesión; y b) demandar la declaratoria de herencia yacente.

 

  • La obligación jurídica reclamada, como toda obligación, requiere determinación en el sujeto deudor “(…) cuando se cita a herederos indeterminados es tanto como citar a personas desconocidas. A un desconocido no se puede notificar la existencia de un título ejecutivo, simplemente porque el vínculo jurídico como elemento esencial de la obligación no se puede establecer con un ente abstracto, casi imaginario. (…)”, acota el profesor Fradique Méndez.

 

Finalmente, el tratadista Juan Guillermo Velásquez, en repudio de demandar a los herederos indeterminados arguye que en el evento que pudiese nombrarse un curador ad litem, carecería de capacidad de pago puesto que no tiene la administración de los bienes del causante como tampoco de proponer las defensas pertinentes; apunta que “(…) en el proceso ejecutivo se parte de la certeza de la obligación y lo que se pretende en su cobro, (…) de modo que únicamente el heredero conocido o determinado que la haya aceptado puede ser sujeto pasivo de la deuda. No se entendería como un heredero indeterminado pudiera pagar y en calidad de qué.[7].

 

Luego, el citado autor, cuestiona la representación que puedan tener los herederos indeterminados, en razón a que únicamente se obtiene con la aceptación de la herencia, según enseña la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias del 27-05-1920, 28-07-1923, y 31-081927.

 

Para concluir sus estimativos jurídicos resalta la defectuosa redacción del inciso final, que da a entender la procedencia de la ejecución comentada, sin embargo aduce que a dicho entendido se opone la certeza de la obligación y el deudor.

 

En menoscabo de la brevedad, pero por apreciar diferente a las demás motivaciones examinadas, se cita in extenso, la consideración que hace el profesor Velásquez Gómez, prevalido de un criterio lógico:

 

Si se compara, pues, el inciso tercero con el segundo, se concluye sorprendentemente que cuando existe certeza de quienes son los herederos (pues existe proceso de sucesión y han sido reconocidos en él) la ejecución tendría que dirigirse también contra los herederos indeterminados, pero si no hay tal certeza no habrá que demandar a éstos. Y si se compara el inciso primero con el tercero se advierte que éste último no habría sido necesario, ya que habría sido suficiente que en el primero se hubiera dicho que tendría aplicación igualmente en procesos de ejecución, exista o no proceso de sucesión en curso.

 

Así, pues, por ilógico y contradictorio, y con apoyo en las reglas de interpretación, el inciso tercero del artículo 81 comentado, no debería entenderse en cuanto a que en los procesos ejecutivos la demanda se dirigirá también contra herederos indeterminados. No obstante la ligereza que se tuvo en la redacción de la norma, quedan, para su cabal interpretación y aplicación, sus antecedentes legales, doctrinarios y jurisprudenciales.

 

 

  1. 2.Los argumentos de la tesis sobre la procedencia de demandar ejecutivamente a herederos indeterminados

 

2.1.        La decisión insular de un magistrado de Tribunal Superior de Armenia

 

Se trata de una decisión[8] fechada el 18-06-2008, con ponencia del Magistrado Jorge Maya Cardona, sólo de ponente, pues decretó la nulidad de la actuación surtida, con fundamento en que han debido ser notificados también, los herederos indeterminados en el proceso de ejecución.

 

Al efecto se apoyó en que el artículo 1434 del Código Civil ordena notificar a “herederos en términos generales” y que como la sucesión no había terminado, la ejecución no se cumple contra “(…) personas indeterminadas, sino a unas personas indeterminadas pero que pueden tener la calidad de herederos de un causante determinado, pues que se persiguen los bienes de éste y no de aquéllos.”. Se invalidó la actuación porque solamente se notificó a la heredera reconocida en el proceso de sucesión por causa de muerte en curso, y se omitió tal diligencia con los “herederos indeterminados”.

 

Pareciera que hubo un giro en la línea de pensamiento de nuestro Tribunal, para alinearse en las tesis favorables a la posibilidad de ejecutar herederos indeterminados, sin embargo, resultó ser apenas un criterio insular ya que no tuvo ocasión de pronunciarse la Sala; ya en el mismo año, ya en el mes de octubre, nuevamente se alude al tema y la Corporación reitera su posición tradicional, según se explicó líneas atrás.

 

2.2.        La doctrina nacional

 

El profesor López Blanco[9] expone:”(…) hipótesis también aplicable para los procesos de ejecución (aludiendo al artículo 81), porque si bien es cierto el inciso primero del artículo en cita inicia su redacción refiriéndose exclusivamente a los procesos  de conocimiento, el ulterior desarrollo de la norma no permite albergar duda acerca de que se aplica por igual a los de ejecución al referirse expresamente al mismo en los dos siguientes incisos (…)”. Agrega que la determinación del demandado no desaparece por su muerte, dada la regulación colombiana sobre los efectos de tal hecho jurídico.

 

No admitir, dice el profesor, la demanda en tales términos impide la efectividad de la acción judicial por los engorrosos trámites que se imponen y las nulidades que se decretan. Se refiere al estudio del Instituto Colombia de Derecho Procesal, donde los profesores Ulises Canosa Suárez y Edgardo Villamil Portilla, formularon una ponencia a favor de esta tesis. Reconoce, el mismo López Blanco, que no hubo consenso en el seno del Instituto.

 

Por su parte los profesores Canosa Suárez y Villamil Portilla[10] sostienen que (i) no hay indeterminación en la parte demandada, porque no se trata de demandar a “cualquier persona” sino a “los herederos indeterminados de un causante determinado”, ello no equivale a decir “todos” o “nadie”, la orden de pagar o excepcionar tiene unos sujetos determinados; se requiere a personas desconocidas, pero que tiene la calidad de herederos de un causante determinado para que realicen esos actos, y para ello señala el artículo 332, inciso 5º del C.P.C.: “(…) En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento (…)”. Destacan que hay un importante principio de determinación en este punto, que brota de la calidad en que son citados los herederos.

 

Aducen que (ii) toda sucesión tiene un causante, en últimas el ICBF, sin embargo concluir que el acreedor ejecutante “(…) está obligado a conocer quiénes son esos herederos, en qué orden se va a repartir la herencia, quiénes van a aceptar o repudiar, etc., es obligar a lo imposible y dar la espalda a una palpitante realidad, que demanda una solución práctica. (…)”. Respecto a la posibilidad legal de la declaratoria de herencia yacente replican que “la experiencia de muchos años ha demostrado”, que se trata de una institución complicada que dilata los procedimientos y hace difícil la efectividad de los derechos del acreedor.

 

En torno al (iii) emplazamiento aseveran que cumple la misma finalidad que en todo proceso y no existe razón para diferenciar entre los procesos de conocimiento, donde es claro que se admite, y los de ejecución donde se niega. Que el emplazamiento cumpla o no con su propósito es ajeno a la discusión, puesto que responder en forma negativa llevará a concluir que no lo cumple en proceso alguno.

 

Surtida la notificación, aseguran los profesores, se presume la comunicación a los herederos “desconocidos” de un causante determinado, el inicio del proceso ejecutivo al que pueden válidamente concurrir y ejercer las distintas opciones procesales que ofrece nuestro ordenamiento jurídico; lo anterior, entonces, salvaguarda el debido proceso y su derivado natural: el derecho de defensa, de forma efectiva. Ahora, si prefieren no comparecer al proceso, sus bienes personales no se involucran, pero saben que los bienes del causante están expuestos a la subasta; y todas estas diligencias quedan garantizadas con la presencia del curador que los represente.

 

Por último, expresan que (iv) no existe justificación para diferenciar entre procesos de conocimiento y ejecutivos porque “(…) en últimas lo que se presenta es una pretensión de una persona, demandante en el ordinario o acreedor en el ejecutivo, contra los herederos de un causante.”. Se preguntan: ¿Cómo consentir el trámite de un proceso ordinario contra herederos indeterminados, para luego no permitir su ejecución contra ellos mismos?

 

Si puede instaurarse un proceso de conocimiento contra herederos indeterminados, sin mediar la declaratoria de yacencia de la herencia, ni discutir la aceptación o repudiación, con igual fundamento debe aceptarse ejecutar la sentencia contra los herederos indeterminados.

 

El doctrinante Luis César Pereira Monsalve[11] tan sólo comenta el artículo 81 ibidem en el sentido de que procede demandar ejecutivamente a los herederos indeterminados, sin exponer motivación alguna.

 

A su turno el reconocido procesalista Parra Quijano[12] se muestra partidario de la posibilidad de demandarlos; explica en esencia, que cuando no se ha iniciado el proceso de sucesión, se pueden demandar a todos los herederos en forma indeterminada, en el entendido de que “(…) la indeterminación no es absoluta, ya que se trata de llamar a los herederos del señor X”.

 

Alega el profesor Parra Q. que el artículo 1434 del Código Civil “(…) lo único que exige para que haya ese puente, por el cual el mérito ejecutivo pasa contra los herederos, es noticiar la existencia de los títulos ejecutivos a ellos.[13], a lo que se suma que la norma procesal (Artículo 81 C.P.C.) establece una especie de “ficción” interpretando el silencio del heredero como aceptación, que solamente tiene efectos de orden procesal “(…) sin afectar el derecho sustancial o material, por cuanto el heredero puede no aceptar la herencia, de conformidad con el derecho de fondo.(…)[14]; agrega que en respaldo de lo dicho que bien puede el legislador procesal entender una conducta procesal para atribuirle determinados efectos.

 

  1. 3.La posición personal

 

Revisados los diversos pareceres de la doctrina nacional y las decisiones judiciales locales, compete afirmar que se comparten los razonamientos esgrimidos por aquel sector de la doctrina que estima improcedente demandar ejecutivamente a herederos indeterminados, pues en verdad, aparte de su indeterminación, que riñe abiertamente con los caracteres propios del título ejecutivo (Expresividad y claridad), existe falta de la calidad de administradores de la herencia, con capacidad de pago válido.

 

La noción de expresividad como nota distintiva del título de ejecución, es de central preponderancia, advierte el profesor Parra Quijano[15]:

 

 

(...) La obligación no es expresa cuando haya que hacer explicaciones, deducciones, o cualquier otro tipo de rodeos mentales para explicar qué es lo que “virtualmente” contiene.  (...) Si se permitiera ingresar al ejecutivo con una obligación de este tipo, prácticamente el requisito de expreso habría que predicarlo del intérprete y no de la obligación, lo que resultaría atentatorio de los derechos del ejecutado que tendría que recurrir y defenderse de construcciones mentales y no de realidades manifiestas.

 

 

Cuando explica la doctrina que el contenido de la obligación reclamada debe ser claro está significando que: (...) sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). (...)[16].  En el mismo sentido puede leerse el profesor Azula Camacho[17].

 

De otro lado, negar la indeterminación de los herederos porque no se trata de cualquier causante, sino de uno en particular, nada agrega, pues persiste la indeterminación; la diferencia es apenas de grado, igual mal puede hablarse de determinación, que es justamente el carácter reclamado por la “expresividad y claridad” de todo título ejecutivo. En suma, afirmar que hay menos indeterminación por tratarse de un causante en particular, no permite llegar a la noción de “determinación”.

 

Ahora bien, en lo que atañe al artículo 1434 del C.C., de cuyo texto derivan algunos autores la ejecutividad del título, resaltando que tan solo exige notificar a los herederos para reclamarles coactivamente, dejan de lado que la regla es insuficiente con la mera mención de “herederos”, pues tratándose de obligaciones su hermenéutica es restrictiva, por ende mal puede comprenderse que refiere también a los herederos indeterminados, lo que debe atarse indefectiblemente a la naturaleza ejecutiva de la acción que se deriva, que demanda claridad y expresividad en sus extremos obligacionales.

 

En lo que toca con la equiparación de trato del proceso declarativo y el ejecutivo, baste decir que vano es el esfuerzo puesto que es la naturaleza de cada trámite procedimental el que nos conduce a la imperativa conclusión de que son más las diferencias que las similitudes.

 

En esencia debe destacarse, como enseña la teórica procesal, que el declarativo contiene una pretensión incierta, mientras que el de ejecución está prevalido, desde el umbral, de certeza y ello implica determinación, que con más precisión aún es: claridad y expresividad de los sujetos de la relación obligacional contenida en el título base de ejecución. Nótese que lo anterior exige también, a diferencia del declarativo - se subraya -, la concurrencia de la legitimación en ambos extremos para el ejecutivo y a su vez en el de conocimiento tal examen se pospone para el momento de la sentencia.

 

Por otra parte, la consideración de que nuestro ordenamiento positivo tiene herramientas jurídicas para  lograr la satisfacción de la acreencia insoluta, no es razón desdeñable ni de poco peso. En manera alguna el acreedor queda inerme, ya que tiene a su merced demandar la apertura de la sucesión o la declaratoria de herencia yacente, y que tales gestiones sean “engorrosas”, es cuestión de jerarquía inferior para despreciar la normativa en detrimento de la seguridad jurídica, principio de superior relevancia.

Cabe anotar para concluir, que el tema ha sido debatido en el seno de la Comisión Redactora del Proyecto de Código General del Proceso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal[18], escenario académico conformado por la gran mayoría de procesalistas nacionales, y pretende salvar las discrepancias con una redacción clara y precisa.

 

La solución acogería la viabilidad de demandar a los herederos indeterminados, cuando no haya proceso sucesorio en curso, a condición de que se informe al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que, si a bien lo tiene, promueva el proceso de sucesión. El texto pertinente de la preceptiva tendría el siguiente tenor:

 

 

Artículo.--Demanda contra herederos determinados e indeterminados, demás administradores de la herencia y el cónyuge.

1. Demandados cuando no exista proceso de sucesión. Cuando se pretenda demandar en procesos de ejecución o de conocimiento, incluidos los de filiación, a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoran, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y se dispondrá por el juzgado emplazarlos en la forma y para los fines dispuestos en el artículo (318). Si se conoce a alguno de los herederos, la demanda se dirigirá contra éstos y los indeterminados.

2. Demandados cuando existe proceso de sucesión. Cuando haya proceso de sucesión en curso, el demandante, en proceso de conocimiento o ejecutivo, deberá dirigir la demanda contra los herederos reconocidos en aquél y los demás indeterminados, o sólo contra éstos si no existen aquéllos.

3. Demandados adicionales. En todos los casos anteriores, cuando se persigan en el proceso, directa o indirectamente, efectos patrimoniales, si hubiere albacea con tenencia de bienes o curador de la herencia yacente, la demanda también deberá dirigirse contra éstos y contra el cónyuge si se trata de bienes o deudas sociales.

4. Citación a entidad oficial. En los procesos de ejecución cuando no se encuentre abierto proceso de sucesión o en este no hubiere herederos reconocidos, el juez deberá citar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad oficial que tenga vocación sucesoral de acuerdo con la ley sustancial.

 

Como epílogo de lo discurrido y al hallar oportunas y acertadas, se traen a colación las palabras del profesor Zopó Méndez, quien para terminar su discurso sobre el asunto y colocándose como defensor de la tesis sobre la improcedencia de la ejecución contra herederos indeterminados, afirma: “(…) todos estamos empeñados en facilitar la operancia de la justicia y el reconocimiento de los derechos sustanciales a los cuales debe servir el orden procesal, pero llegando a ello bajo parámetros normativos y sistemáticos que desechen la idea de arbitrariedad circunstancial, por bien intencionada que sea.”.


BIBLIOGRAFÍA

 

  1. 1.AZULA CAMACHO, Jaime. Los procesos ejecutivos, tomo IV, 2ª edición, Bogotá, editorial Temis, 1994.

 

  1. 2.AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, 4ª edición, Bogotá, editorial Temis, 1994.

 

  1. 3.CANOSA SUÁREZ, Ulises. Conferencias de la especialización de derecho procesal y pruebas, Universidad Libre de Pereira, ponencia conjunta con el doctor Villamil Portilla, 1998.

 

  1. 4.FERNÁNDEZ HERRERA, Mario. Código de Procedimiento Civil, El Decreto 2282 de 1989 y algunos aspectos de la demanda, la interrupción de la prescripción, la contestación y las nulidades procesales, Bogotá, 1ª edición, Universidad Externado de Colombia, 1990.

 

  1. 5.INTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL COLOMBIANO. Debate sobre los herederos indeterminados como ejecutados en los procesos de ejecución (1995), material de clase del profesor Gabriel Hernández Villarreal, Especialización en derecho procesal, Universidad del Rosario y Universidad Alexánder Von Humboltd, Armenia, 2008.

 

  1. 6.INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL. Acta No.15 del 10-12-2003 y Acta No.16 del 21-01-2004, En: www.icdp.org.co.

 

  1. 7.LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, parte general, tomo I, Dupré editores, Bogotá, 9ª edición, 2005.

 

  1. 8.PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte especial, ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1995.

 

  1. 9.PEREIRA MONSALVE, Luis César. Código de Procedimiento Civil comentado, editorial Poligráficas, Medellín, 1996.

 

  1. 10.TRIBUNAL SUPERIOR, Sala de Decisión Civil-Familia. Providencia del 10-08-2005, proceso ejecutivo hipotecario, adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, Q., ejecutante Banco Granahorrar y ejecutados Hugo Alberto y Diego Restrepo Fierro, radicado No.2003-00212-01 del LL.RR.

 

  1. 11.TRIBUNAL SUPERIOR, Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral. Proceso ejecutivo hipotecario, proceso seguido en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, Q., ejecutante BBVA, ejecutados Hugo A. y Diego Restrepo Fierro como herederos de Elvia Ma. Fierro de R., radicado al No.2003-00212-01 del LL.RR.

 

  1. 12.TRIBUNAL SUPERIOR, Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral. Providencia sólo de ponente, proceso ejecutivo hipotecario, adelantado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, Q., ejecutante Niño Sánchez Hermanos Ltda., ejecutada Ma. Andrea Arango Isaza.

 

  1. 13.VELÁSQUEZ GÓMEZ, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos, Diké, Medellín, 1994, p.75.


[1] TRIBUNAL SUPERIOR, Sala de Decisión Civil-Familia. Providencia del 10-08-2005, proceso ejecutivo hipotecario, adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, Q., ejecutante Banco Granahorrar y ejecutados Hugo Alberto y Diego Restrepo Fierro, radicado No.2003-00212-01 del LL.RR.

[2] TRIBUNAL SUPERIOR, Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral. Proceso ejecutivo hipotecario, proceso seguido en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, Q., ejecutante BBVA, ejecutados Hugo A. y Diego Restrepo Fierro como herederos de Elvia Ma. Fierro de R., radicado al No.2003-00212-01 del LL.RR.

[3] AZULA CAMACHO, Jaime. Los procesos ejecutivos, tomo IV, 2ª edición, Bogotá, editorial Temis, 1994, p.39.

[4] AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo II, 4ª edición, Bogotá, editorial Temis, 1994, p.117.

[5] FERNÁNDEZ HERRERA, Mario. Código de Procedimiento Civil, El Decreto 2282 de 1989 y algunos aspectos de la demanda, la interrupción de la prescripción, la contestación y las nulidades procesales, Bogotá, 1ª edición, Universidad Externado de Colombia, 1990, p.469.

[6] INTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL COLOMBIANO. Debate sobre los herederos indeterminados como ejecutados en los procesos de ejecución (1995), material de clase del profesor Gabriel Hernández Villarreal, Especialización en derecho procesal, Universidad del Rosario y Universidad Alexánder Von Humboltd, Armenia, 2008.

[7] VELÁSQUEZ GÓMEZ, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos, Diké, Medellín, 1994, p.75.

[8] TRIBUNAL SUPERIOR, Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral. Providencia sólo de ponente, proceso ejecutivo hipotecario, adelantado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, Q., ejecutante Niño Sánchez Hermanos Ltda., ejecutada Ma. Andrea Arango Isaza.

[9] LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, parte general, tomo I, Dupré editores, Bogotá, 9ª edición, 2005, p.485.

[10] CANOSA SUÁREZ, Ulises. Conferencias de la especialización de derecho procesal y pruebas, Universidad Libre de Pereira, ponencia conjunta con el doctor Villamil Portilla, 1998.

[11] PEREIRA MONSALVE, Luis César. Código de Procedimiento Civil comentado, editorial Poligráficas, Medellín, 1996, p.187.

[12] PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte especial, ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1995, p.280.

[13] PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte especial, ob. Cit., p.281.

[14] PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte especial, ob. Cit., p.282.

[15] PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, ob. Cit., p.265.

[16] VELÁSQUEZ GÓMEZ, Juan Guillermo. Los procesos de ejecución, ob. Cit., p.49.

[17] AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, ob. Cit., p.16.

[18] INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL. Acta No.15 del 10-12-2003 y Acta No.16 del 21-01-2004, En: www.icdp.org.co.

 

 

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