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INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN SIEMPRE ESTUVO VINCULADA A LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

La caducidad de los efectos patrimoniales de la filiación

 

Por: César Augusto Guerrero Díaz[1]

 

El siguiente análisis retrospectivo tiene como propósito demostrar que la interrupción civil de la prescripción o la inoperancia de la caducidad siempre ha tenido como soporte la notificación del demandado y su vinculación a la controversia judicial. En el final, la aplicación de la anterior regla general a la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de filiación.

 

1.      En el tiempo, la primera alusión normativa que puede referirse al tema de la interrupción de la prescripción es el artículo 421 de la Ley 57 bis de 7 de junio de 1872 o código judicial vigente en aquella época en que aún se consolidaba la independencia legislativa del Reino de España. Así, la disposición nombrada establecía como “efectos de la notificación del traslado de una demanda: 1º Prevenir el conocimiento el Juez á quien hubiere sido presentada la demanda; 2º interrumpirse el tiempo para la prescripción de la acción o cosa demandada; y 3º los demás que designe la ley” (subrayado ex texto). De la misma manera hay que mencionar las frecuentes modificaciones que para finales del siglo XIX se hicieron al dicho código judicial, que sin embargo, no comprometieron el texto de la norma trascrita. Entre tales reformas, puede encontrarse las Leyes 76 de 1873; 46 de 1876; 61 de 1886; 57, 143 y 153 de 1887; 30, 135 y 147 de 1888; 4ª, 72, 84 y 118 de 1890; 34, 100 y 105 de 1892; 2ª y 169 de 1896; en relación con la Ley 105 de 1890 debe referirse lo que más adelante se apunta.

 

Asimismo, el Código Civil, promulgado el 26 de mayo de 1873, dispuso en el artículo 2536 que la “prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya naturalmente, ya civilmente (…). Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvo en los casos enumerados en el art. 2524”. La norma trascrita debe ser vista en concordancia con lo previsto por el artículo 2524 ibídem, que dispone, a propósito de la prescripción adquisitiva de dominio, que “Interrupción civil es todo recurso judicial[2] intentado por el que se pretende dueño de la cosa, contra el poseedor. Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción, y ni aún él en los casos siguientes: 1º) Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; 2º) Si el recurrente desistió expresamente de la demanda, o cesó en la persecución por más de tres años. En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda”. La lectura conjunta de las normas trascritas permite inferir que ya desde esas primeras épocas -años 1873 a 1890- la sola presentación de la demanda era insuficiente para conseguir la interrupción del término de prescripción como parecía derivarse del artículo 2536 del Código Civil, pues debidamente engarzadas, las disposiciones exigían la notificación de la demanda como requisito para lograr la detención de aquel plazo legal.

 

En efecto, en ninguna forma dice el artículo 2539 del Código Civil que la interrupción de la prescripción opera únicamente por la presentación de la demanda. Por el contrario, la remisión que dicha regla hace al artículo 2524 ibídem, implica que esa interrupción sólo tiene lugar cuando la notificación ha sido hecha en legal forma. En el mismo sentido, la Corte sostuvo “desde luego que si no se considera interrumpida cuando la demanda no se ha notificado legalmente (2524), es la notificación y no la introducción de la demanda lo que produce el efecto de cortar la prescripción, sin que pueda decirse lo contrario, porque si simplemente se anulara el juicio por la falta de notificación o por ser esta ilegal, quedaría vigente la interrupción por virtud de la sola presentación de la demanda y no habría motivo para declararla ineficaz a causa de no haberse notificado y así se violaría el texto expreso del artículo 2524 del C.C. Si no se interrumpe la prescripción cuando la demanda no se ha notificado en la forma legal o en forma alguna, es claro que después de vencido el plazo necesario para prescribir, aunque se haya establecido antes de la demanda, sería inútil la notificación porque no se puede interrumpir lo que se ha consumado ni cortar un plazo que está vencido” (G.J. XXII, Pág. 408).

 

Sin variación sobre la forma en que operaba la interrupción de la prescripción, es decir, con la notificación de la demanda, el artículo 29 de la Ley 95 de 1890[3] extendió la ineficacia de esta en los casos en que la sentencia del respectivo proceso hubiera absuelto al demandado. La norma aludida expresó que “No se podrá alegar interrupción civil en el caso del artículo 2524 del Código Civil, del demandado que haya obtenido sentencia de absolución”

 

Por la misma época, la Ley 105 de 1890 realizó modificaciones a los procedimientos judiciales vigentes para entonces, dentro de las cuales vale resaltar que el artículo 51 señaló, en coherencia con el artículo 2513 del Código Civil, que “cuando el juez halle justificados los hechos que constituyen una excepción perentoria, aunque esta no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en la sentencia y fallar el pleito en consonancia con la excepción reconocida; sin embargo, respecto de la excepción de prescripción, es preciso que se alegue, cosa que puede hacerse en cualquier estado de la causa”. La relevancia de la norma estriba no sólo en impedir el decreto oficioso de la prescripción, sino que dicho término podía atajarse con la notificación de la demanda, pero al facultarse la alegación del fenómeno extintivo en cualquier momento de la controversia, era posible estructurar una prescripción dentro del proceso, cuando se decretara el abandono del trámite, es decir, el demandante podía interrumpir la prescripción oportunamente con la notificación, pero si permitía con su inactividad procesal la caducidad de la instancia[4], el demandando podía alegar nuevamente la prescripción, pues los efectos de interrupción decaían con aquella declaración de abandono.  

 

En vigencia de la Ley 105 de 1931, se mantuvo el régimen que estableció la presentación de la demanda, acompañada de la notificación de esta, como causal de interrupción de la prescripción. Así puede deducirse del inciso 2º del artículo 181 de la Ley 105 de 1931 que estableció, “durante el tiempo de vacancia, la persona que quiere interrumpir una prescripción o hacer un requerimiento, puede presentar su demanda al Alcalde Municipal de la residencia del demandado, a fin de que este haga la notificación y le devuelva al peticionario la solicitud con lo actuado”, con necesidad siempre de la notificación de los demandados para detener el conteo del término legal.

 

También el inciso 4º del artículo 364 ibídem dispuso que en los casos de la ya aludida caducidad de la instancia, “el término de la prescripción de la acción no se estima interrumpido por la demanda inicial de la instancia que ha caducado”, de donde viene que ese abandono del proceso por parte del demandante, causaba la ineficacia de los efectos de la notificación de la demanda, en especial, frente a la interrupción de la prescripción; contrario sensu, en los demás casos obraría la demanda, conjuntamente con la notificación de la misma, como talanquera de la prescripción.

 

El criterio expuesto de que la notificación efectuada válidamente interrumpía el término de prescripción durante la vigencia de la Ley 105 de 1931, se refuerza en la aplicación práctica que de este hizo la Corte, cuando a propósito sostuvo que “tal notificación de la demanda, al quedar sin valor ni efecto alguno en virtud de la declaratoria de nulidad del proceso, no pudo producir el importante efecto jurídico de interrumpir la prescripción de la acción incoada, porque el artículo 2359 del C.C. dispone que la prescripción que extingue las acciones ajenas se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2524. Y precisamente el caso primero de excepción taxativamente señalado en dicho artículo 2524 consiste en que la notificación de la demanda no haya sido hecha en legal forma” (Sent. Cas. Civ. de 19 de agosto de 1941, G.J. T. LII, 193). En el mismo sentido, puede verse la sentencia de la Sala de Negocios Generales de 15 de mayo de 1946, en que la Corte entendió que para lograr la interrupción de la prescripción no bastaba la demanda, “que es una renovación persistente del reclamo de la deuda, sino que es indispensable la notificación legal de ella, como lo prescribe el ordinal 1º de ese artículo [2524 del Código Civil] (G.J. LX, 634). Entonces, a pesar de que el código judicial de 1931 carece de una norma específica que señale la interrupción de la prescripción como efecto de la notificación de la demanda, este se derivaría de la interpretación armónica de sus disposiciones y las reglas del Código Civil previstas al respecto.  

 

Hasta aquí el contexto normativo en que promulgó la Ley 75 de 1968, acerca de la investigación de la filiación, en especial, las disposiciones sobre la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaratoria de paternidad, de que más adelante se tratará.

 

Casi enseguida se realizó otra reforma al procedimiento civil, pues se expidió el Decreto 1400 de 1970 que estableció en el artículo 90 que “admitida la demanda se considerará interrumpida la prescripción desde la fecha en que fue presentada, siempre que el demandante, dentro de los cinco días siguientes a su admisión provea lo necesario para notificar al demandado y que si la notificación no se hiciere en el término de diez días, efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem en los dos meses siguientes (…) En caso contrario, solo se considerará interrumpida con la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem”. La regla trascrita dispuso la posibilidad de que la presentación de la demanda interrumpiera la prescripción, siempre y cuando la notificación de la misma ocurriera dentro de los plazos con las condiciones allí previstas; sin embargo, conservó la previsión de que la notificación judicial fuera el acto determinante de la interrupción de la prescripción.

 

La Corte interpretó original artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de que el mismo fijaba “tres plazos sucesivos e ininterrumpidos, que corren desde el día siguiente al vencimiento del anterior, para que la interrupción de la prescripción, adquisitiva o extintiva, opere desde la presentación de la demanda, que son: el de cinco días, que arranca siempre que desde el día siguiente al de la admisión de la demanda, para que el demandante provea lo necesario para notificar el auto admisorio al demandado; el de diez días para la notificación personal del auto admisorio al demandado; y, el de dos meses, para que si dentro del plazo anterior no se pudo notificar personalmente al demandado, el demandante efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem…’. De tal suerte, el plazo de los dos meses comienza invariablemente desde el día siguiente al del vencimiento de los diez días que tiene el juzgado para notificar personalmente al demandado, sin perjuicio de la presteza que haya empleado el demandante para obtener más prontamente el emplazamiento de aquel” (Sent. Cas. Civ. de 1º de octubre de 1986, G.J. T. CLXXXIV, p. 304, reiterado en Sent. Cas. Civ. de 30 de noviembre de 1994, Exp. No. 4443, G.J. T. CCXXXI, p. 1141).

 

Posteriormente, la jurisprudencia recalcó que “la interrupción de la prescripción por la presentación de la demanda, prevista en el Art. 90 del C. de P.C. solamente se estructura cuando el demandante cumple cabalmente con la cargas allí establecidas. Si la notificación personal del demandado no puede lograrse en el perentorio plazo de 10 días, la precitada notificación debe llevarse a cabo por intermedio de curador ad-litem, en los dos meses siguientes” (Sent. Cas. Civ. de 28 de febrero de 1991 Exp. 772919 n.p.). Nuevamente se advierte que la presentación de la demanda es importante para detener el reloj de la prescripción, en la medida en que se logre el enteramiento oportuno de la misma al demandado.

 

La redacción del artículo 90 varió con la reforma introducida con el Decreto 2282 de 1989, pues, en lo pertinente, la norma dispuso que “la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado” (subrayado fuera del texto). El anterior precepto supone que la interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda también sea el fruto de la diligencia del demandante, en la medida en que este debería procurar la notificación del demandado dentro del tiempo allí fijado, más generoso que el previsto en el original artículo 90, pero conservando la notificación de la demanda como la actuación relevante para que la demanda logre el propósito de atajar la prescripción.

 

En vigor ahora, el artículo 10º de la Ley 794 de 2003, en su parte pertinente dispuso que “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado (…)”. La vigencia de la anterior norma supone la ampliación del tiempo de que dispone el demandante para detener la prescripción con la presentación de la demanda, con lo cual se superan las polémicas acerca de la contabilización de los términos o las posibles vicisitudes del trámite de enteramiento de los demandados, hecho relevante en todo caso para entender interrumpida la prescripción o inoperante la caducidad.  

 

La extensión aparente del tiempo para interrumpir la prescripción o caducidad obedece a la coherencia legislativa que debe guardar la norma sustancial prevista en el artículo 2539 del Código Civil con el desarrollo procesal paralelo a la misma. Así, la aludida disposición establece que la prescripción se interrumpe “por la demanda judicial”, mandato que implica la potencialidad de ese escrito para frenar el conteo de la prescripción.

 

En otras palabras, el inciso 3º del artículo 2539 del Código Civil preceptúa que la presentación de la demanda judicial servirá para atajar la prescripción, por lo tanto, el ejercicio oportuno de la acción correspondiente, agregado a la vinculación del demandado al proceso produce la interrupción de la prescripción, a pesar de que dicha notificación sea materialmente posterior al agotamiento del término de prescripción o de caducidad, con lo cual se logra armonía con el postulado sustancial de que la demanda tenga la virtud de detener el término extintivo.

 

2.  Y de cara a los efectos patrimoniales de la filiación, lo expuesto anteriormente explicaría porqué el plazo para interrumpir la caducidad aparentemente se dilata cuando la demanda se presenta en las postrimerías del término de prescripción; sin embargo, hubo controversia sobre la forma en que se contarían los 120 días previstos en el artículo 90 (versión del Decreto 2282 de 1989), término procesal cuya aplicación la Corte, en principio, rechazó para los efectos patrimoniales de la filiación, para lo cual tomó como punto de partida que el tiempo de caducidad consagrado en el artículo 10º de la Ley 75 de 1968 era distinto al establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ya que “aquella caduci­dad, a diferen­cia de esta última, no se refiere a la acción ni a la pretensión de filiación, sino únicamente a sus consecuencias patrimoniales en caso de sentencia favora­ble a la filiación"; agregó la Sala que desde la expedición del Código de Procedimiento Civil “se ha dispuesto que los efectos de la cosa juzgada en materia del estado civil, se sujeten a las reglas particulares consagradas en el Código Civil y leyes comple­men­tarias (art. 333, inciso 4o., C. de P. C.), lo que, por supuesto, ratifica precisamente dicho carácter especial”; y finalmente que “esta situación no cambió con la reforma de 1989 de los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, pues por la naturaleza general de esta última como fenómeno relativo a la acción, no modificó aquella caducidad con régimen especial” (Sent. Cas. Civ. de 6 de septiembre de 1995, Exp. No. 4608, G.J. T. CCXXXVII, p. 706); en otras palabras, la Corte en la providencia transcrita desvinculó la norma que preveía el término para alcanzar los efectos económicos de la filiación, frente al desarrollo procesal que preveía la interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad a la luz del artículo 90 del C.P.C.

 

Pero la jurisprudencia abandonó el criterio recién expuesto, para estimar que los términos previstos en los artículos 10º de la Ley 75 de 1968[5] y 90 del Código de Procedimiento Civil podían aplicarse de manera conjunta y complementaria, pues “mientras el primero de tales preceptos disciplina los efectos patrimoniales del reconocimiento de hijo extramatrimonial, previendo que ellos se producirán sólo cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes al fallecimiento del respectivo padre, el segundo regula de manera general la interrupción civil de la prescripción y la forma como puede evitarse la caducidad, para lo cual consagra que la presentación de la demanda servirá para ello, siempre y cuando el auto que la admita se notifique al demandado dentro de los 120 días siguientes a cuando tal proveído se entere al actor”.

 

En la misma providencia, la Corte agregó que el término de caducidad previsto en la Ley 75 de 1968, no es diferente del consagrado en el Código de Procedimiento Civil, porque “el propósito del legislador de 1989 no fue el de modificar los diferentes lapsos de prescripción y/o de caducidad que las leyes sustanciales tuvieren fijados para las diferentes materias que regulan, sino el de constituir un límite temporal dentro del cual debe efectuarse la notificación de la demanda al demandado, para que la presentación de ella interrumpa civilmente la prescripción o impida que opere la caducidad. Por ende, no resulta válido aseverar que, frente a los efectos patrimoniales derivados del reconocimiento de hijo extramatrimonial, la caducidad de que trata el artículo 10º de la Ley 75 de 1968 es especial y, por ende, excluye la general del artículo 90 del C. de P. C., que no puede ser tenida en cuenta”.

 

Concluyó la Sala que “el artículo 90 del C. de P.C. no es tampoco una norma ajena y sin ninguna relación con el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, porque si bien es verdad, como lo argumenta la sentencia de la cual se aparta ahora la Sala, que la caducidad contemplada en el último de esos preceptos no está referida directamente a la acción ni a la pretensión de filiación extramatrimonial, también lo es que ella sí depende evidentemente y está determinada por la oportunidad con que se lleve al proceso judicial aquella pretensión antecedente, lo cual significa que los efectos patrimoniales de la misma no quedan sueltos sino, por el contrario, atados a la oportunidad de la acción de la que depende. De esta manera la previsión del artículo 10º de la Ley 75 de 1968 constituye pues la regla general, consistente en que la declaración de filiación extramatrimonial carece de alcances patrimoniales si la correspondiente demanda se notifica al demandado después de los dos años siguientes al deceso del progenitor; y que el artículo 90 del C. de P.C. se erige como su única excepción, en tanto que la oportuna presentación de la demanda, esto es, la realizada dentro del mencionado término, impide la caducidad si el auto admisorio se entera al demandado en las condiciones que la misma norma estatuye, independientemente, como luego se precisará, que la notificación se surta o no dentro de esos dos años”.

 

Para ilustrar el criterio recién expuesto, la Corte explicó que la relación existente entre las dos disposiciones “de que aquí se trata no traduce, como ya se dijo, que el término del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil sea de caducidad, pues hay casos en que el incumplimiento de los requisitos de este precepto no determina, por sí, la pérdida de los efectos patrimoniales del reconocimiento de hijo extramatrimonial, como sucede cuando iniciado el proceso de filiación con petición de herencia tan pronto se produce el fallecimiento del presunto padre, la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado tiene lugar pasados los 120 días a que alude el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, pero dentro de los dos años siguientes a la citada defunción, en cuyo evento no opera la caducidad de los efectos patrimoniales de la acción de filiación, por estar cumplida la notificación dentro del lapso señalado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, lo que indica que éste es el único término de caducidad previsto en la ley. De no ser así, hubiera que admitir que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil estableció un nuevo período de caducidad para los efectos patrimoniales de la acción de filiación extramatrimonial, irremediablemente se llegaría a la conclusión absurda de que ese fenómeno se produjo no obstante que la notificación de la demanda al demandado se efectuó dentro de los dos años siguientes a la muerte del sedicente padre extramatrimonial, lo que es contrario a la ley” (Sent. Cas. Civ. de 4 de julio de 2002, Exp. No. 6364, doctrina reiterada, entre otras, en Sent. Cas. Civ. de 16 de diciembre de 2004, Exp. No. 7837).

 

Dicho con otras palabras, el término del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil se aplica con total efecto, cuando el demandante presenta la demanda en el ocaso del término de prescripción; y tiene como secuela real, que el demandante pueda gozar del plazo autónomo que le otorga el artículo 90 del C.P.C. para notificar el auto admisorio de la demanda, acto que puede ocurrir agotados los dos años del término legal de caducidad. Por el contrario, si el demandante presenta su demanda tempranamente, el plazo que le otorga el artículo 90 del C.P.C. carece de importancia, pues basta que el demandante notifique el auto admisorio de la demanda dentro de los dos años siguientes a la muerte del presunto padre, y de ese modo interrumpe la prescripción con el acto de notificación.

 

Esto se ratifica si se tiene en cuenta que la Corte, en materia de efectos económicos de la filiación, expuso la compatibilidad del artículo 10º de la Ley 75 de 1968 con el 90 del Código de Procedimiento Civil[6], al sostener que “si quien estando próximo a vencer el término de dos años previsto en la ley 75 de 1968 presenta la demanda de filiación pretende hacer inoperante la caducidad de los efectos patrimoniales, debe obtener la notificación del demandado dentro de los 120 días de que trata el artículo 90 del C. de P. Civil, siendo este un término fatal de acuerdo con lo explicado, pues de lo contrario debe considerarse para esos efectos únicamente la fecha de notificación del demandado; con mayor razón debe sujetarse a esa consecuencia quien para lograr ese objetivo tiene a su disposición no únicamente 120 días, sino además todo el término que falta para completar el bienio; desde esa perspectiva, no resulta consistente considerar legal, externo y objetivo el término concebido en la norma procesal, pero subjetivo e interno, según las vicisitudes del proceso y la conducta de los sujetos procesales, el término consagrado en el artículo 10º de la ley 75 de 1968” (Sent. Cas. Civ. de 31 de octubre de 2003, Exp. No. 7933).

 

Recientemente, la Sala Civil explicó que el artículo 10º de la Ley 75 de 1968 fijó un término de dos años para que la declaración de filiación tenga efectos económicos favorables al demandante, plazo cuyo conteo inicia desde el deceso del causante; sin embargo, cuando “este bienio no se ha cumplido y se introduce la demanda, es preciso que el enteramiento de la misma se haga en los precisos e improrrogables términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, so pena de que, en la eventualidad de producirse dicho acto cognitivo por fuera de lo allí previsto (120 días por ser la redacción vigente en la época) la presentación del libelo no lo interrumpa y los efectos patrimoniales caduquen” (Sent. Cas. Civ. de 5 de diciembre de 2008, Exp. No. 2197). 

 

De todo lo anterior puede deducirse que el término legal de 120 días (del anterior artículo 90), o de un año previsto por la Ley 794 de 2003, sólo tendría utilidad práctica en la medida en que la demanda se presente en las postrimerías de la caducidad; por el contrario, si la demanda se introduce con la anticipación suficiente, dicho plazo procesal carecería de efecto y la inoperancia de la caducidad estaría vinculada únicamente a la notificación de los demandados.

 

3. De todo lo anterior se infiere que la interrupción del término de prescripción ha estado históricamente vinculada a la notificación de la demanda, y a la presentación de esta siempre y cuando el libelo se presente en las postrimerías del término legal de que se trate, ya prescripción, ora caducidad, como es el caso de los efectos económicos de la declaratoria de filiación.



[1] Docente universitario, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, exmagistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

 

[2] Las expresiones “demanda judicial” y “recurso judicial”, fueron entendidas por la Corte como “medios de interrumpir la prescripción negativa o la positiva, respectivamente, han de guardar estrecha y directa correlación con la acción que el prescribiente esquiva, o con el derecho que se quiere conservar por su dueño contra el prescribiente” (Sent. Cas. Civ. 2 de noviembre de 1927 G.J. T. XXXV, 58, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 9 de octubre de 1953, G.J. T. LXXVI, 565). 

[3] Derogado por el artículo 698 del C.P.C.

[4] Categoría que preveía sanciones al demandante que abandonaba el impulso del proceso por más de un año, expresión de la misma se observa en los artículos 54 de la Ley 105 de 1890, modificado por el artículo 29 de la Ley 100 de 1892 y después se incluyó en el artículo 364 del Código Judicial (Ley 105 de 1931). Al respecto, ver providencias de 4 de febrero de 1896, G.J. T. XI, 271; 8 de abril de 1924, G.J. T. XXX, 333; 25 de noviembre de 1936, G.J. T. XLIV, 290; 14 de diciembre de 1940, G.J. T. LI, 134. 

[5] Exequible, sentencia C-122 de 3 de octubre de 1991 de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

[6] Según el texto introducido por la modificación 183 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989. 

 

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